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DEBATE. La financiación
autonómica
La financiación de
Catalunya
| PARA INCLUIR LA financiación en el nuevo
Estatut, el Govern debe tener más ambición y apostar por un
sistema fiscal duradero |
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CARLES BOIX - 00:00 horas -
20/06/2005
A pesar de su provisionalidad y de su (imagino
que calculada) ambigüedad, nos toca a todos comenzar a discutir y
juzgar la propuesta financiera del Gobierno de la Generalitat.
Por mi parte, el balance es agridulce (más agrio que dulce,
la verdad). La parte dulce del plan del Govern es evidente: mejorará
la autonomía financiera de Catalunya. Hasta ahora la Generalitat
recibía unos 10.000 millones de euros de los impuestos pagados en
Catalunya, o algo más de un tercio de toda la recaudación, y otros
3.000 en transferencias directas del Estado. Si el plan no sufre
recortes, en 15e años la Generalitat recibirá la mitad de la
recaudación catalana o unos 6.000 millones de euros más. Esta
cantidad equivaldrá a un aumento de un mínimo del 8 por ciento (si
desaparecen las transferencias del Estado) y un máximo del 46 por
ciento. Dado que es difícil que se pueda lograr el máximo (Maragall
mismo ya ha aclarado que la propuesta no es más que un tope
rebajable), imagino que hacia 2020 habremos obtenido alrededor un 20
por ciento más de recursos o una subida anual del 1,25 por ciento en
términos reales. Comparado con lo que estamos acostumbrado a recibir
en los últimos cien años, no me duelen prendas en reconocer que se
trata de un monto nada despreciable. Seguro que es equivalente a (o
incluso algo mayor que) las mejoras que la tantas veces denostada
CiU obtuvo cuando el gobierno de turno de Madrid era minoritario.
La propuesta financiera tiene, no obstante, su parte agria.
Primero, la Generalitat continuará sin tener capacidad normativa
sobre los impuestos. Por tanto, no podrá compensar con
rebajas fiscales a los catalanes por todos los servicios privados
que éstos utilizan (en educación, sanidad y autopistas). No podrá
incentivar la inversión empresarial. Y deberá aceptar la posibilidad
que el gobierno central suba los impuestos para compensar las
pérdidas derivadas del incremento de la autonomía financiera de
Catalunya.
Segundo, la Agencia Tributaria no estará bajo el
control de Catalunya sino, como mucho, coordinada con el Estado. El
nombre no hace la cosa y, por tanto, es difícil saber qué significa
estar coordinado. Pero ahora pongan juntas esta media agencia
y la falta de potestad normativa. La primera tentación de una
Generalitat todavía corta en recursos será peinar el país en busca
de dinero. Por principio y como buen asalariado, esto me parece
bien. El fraude fiscal ha de desaparecer (también creo que los
impuestos se han de bajar el máximop osible). No obstante, si la
Generalitat lo hace muy bien, el Estado todavía se llevará la mitad
del dinero recogido, sin que nadie nos asegure que en el resto del
territorio estatal se esforzarán con el mismo celo en acabar con el
fraude (y que, por tanto, sufrirán la misma presión fiscal real
que Catalunya).
Finalmente, la Generalitat propone que
Catalunya se quede con el 50 por ciento de su dinero. Pero ¿por qué
el 50 y no el 55 o el 48 por ciento? No dudo de que el Govern hará
la pedagogía suficiente para convencernos de la racionalidad de
quedarnos solamente y exactamente con la mitad de nuestro pastel. No
obstante, hay una alternativa más fácil. Establecer un sistema
financiero en el que Catalunya paga por los servicios de la
Administración central y, además, envía una buena remesa solidaria a
España. A eso sí que le llamo yo tener un concierto con
barretina.
Con todo, la propuesta, lo repito una vez más,
no está mal. No está mal porque nos acercará a un sistema fiscal más
equitativo, un sistema en el que cada vez más serán los que se
esfuerzan y trabajan los que reciban los frutos de su esfuerzo y de
su trabajo. Pero, dicho esto, aceptemos humildemente la realidad y
no la disfracemos de retórica separatista. La realidad es la
siguiente. Este nuevo plan continúa la política posibilista que
practicaba antes el gobierno de CiU. Una política paciente de ganar
dinero aprovechando cada momento de debilidad del adversario. Una
política que, a pesar de ser tan moderada como la que ahora propone
el gobierno de izquierdas, enfureció a la sociedad civil y mediática
española entonces (1993 y 1996) tanto como ahora. No perdamos la
memoria ni la utilicemos al servicio de propósitos partidistas.
Todo esto nos conduce al meollo de la cuestión. Si no hay
diferencia entre lo que ya se hacía (con éxito notable, dadas las
circunstancias) y lo que se quiere hacer, ¿vale la pena meter en el
Estatut una fiscalidad que, al cabo de 15 años, sólo aumentará la
autonomía catalana de un tercio a la mitad de lo que el país paga?
Como casarse y tener hijos, aprobar un Estatut es una cosa seria,
incluso pesada, que sólo toca hacer una vez en la vida. La gente
pasa por la vicaría para irse de casa de los padres. Uno hace un
Estatut para romper platos.
El Govern debe escoger. Si
quiere incluir la financiación en el nuevo Estatut, debe tener más
ambición política y apostar por un sistema fiscal sólido y generoso,
capaz de durar una generación o más. Si, por el contrario, y
ateniéndose al seny del refranero español, cree que más vale
tener un 1,25 por ciento (anual) en mano que cientos de pájaros
estatutarios volando, más vale que se siente a negociar con Madrid
en el marco de los presupuestos de Rodríguez Zapatero de 2006. De
otra guisa, van a llegar las elecciones españolas y no se habrá
conseguido ni lo uno ni lo otro.
CARLES BOIX, catedrático de Ciencia Política,
Universidad de Chicago
cboix@uchicago.edu |
